Sally Rooney retira sus libros de Reino Unido por apoyo a Palestine Action
La autora irlandesa Sally Rooney —una de las voces literarias más leídas de la generación millennial y responsable de superventas como Gente normal (Normal People) e Intermezzo— ha quedado fuera del mercado comercial del Reino Unido. La medida se ejecutó tras la decisión del Ministerio del Interior británico (Home Office) de clasificar a la organización activista Palestine Action como un grupo terrorista prohibido bajo la Ley de Terrorismo (Terrorism Act 2000).
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Redacción Revista Íkaro
10/21/20262 min read
Rooney había anunciado públicamente su intención de destinar de forma permanente los derechos de autor e ingresos generados por sus libros en territorio británico para financiar a este grupo de acción directa, que realiza protestas y bloqueos contra fábricas de armamento en suelo británico vinculadas al suministro militar internacional. Con la entrada en vigor de la prohibición gubernamental, la ley del Reino Unido tipifica como delito penal grave, sancionado con hasta 14 años de cárcel, cualquier transferencia de fondos, patrocinio o contribución económica a las organizaciones catalogadas en la lista negra estatal.
La decisión de detener la distribución de toda la obra de Rooney fue acordada entre la autora y su histórica casa editorial británica, Faber & Faber. Ante la imposibilidad legal de liquidar las regalías a la escritora sin incurrir en complicidad de financiamiento de un grupo tipificado como ilegal, la firma suspendió la comercialización de sus títulos y la agenda de compromisos públicos de la autora en territorio británico.
"Me he esforzado al máximo para ser honesta con el público sobre mis creencias e intenciones, y estoy totalmente dispuesta a aceptar las consecuencias", manifestó Rooney en un comunicado.
No es la primera vez que la escritora adopta una postura política frente al sector editorial. En 2021, Rooney rechazó traducir su tercera novela, Donde estás, mundo bello, al hebreo con una editorial con sede en Tel Aviv, sumándose a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Sin embargo, a diferencia de aquella objeción de conciencia individual, en esta ocasión es el marco regulatorio del Estado británico el que bloquea la circulación de sus libros mediante el uso de la legislación antiterrorista.
Este veto indirecto encendió de inmediato las alarmas entre colectivos de escritores y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. El caso expone cómo las democracias contemporáneas pueden asfixiar la disidencia artística sin recurrir a la quema de libros o a la censura explícita de textos, bastando la aplicación de leyes de excepción y el bloqueo financiero para neutralizar la circulación de una obra.
Al recalificar el activismo social bajo el paraguas del terrorismo, el Estado impone una autocensura previa sobre la industria editorial. Las empresas distribuidoras y las cadenas de librerías se ven forzadas a retirar catálogos enteros para evitar juicios o multas por asociación, lo que deja al descubierto la fragilidad de la libertad de expresión cuando el compromiso político de un autor choca frontalmente con la política exterior del gobierno en turno.
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