LA FÁBRICA DE LA DESIGUALDAD: Cuando ahogas la educación pública y la cultura aumenta la violencia.

Costa Rica tenia un inversión en programas sociales muy fuerte, eso la hizo lider en tiempos de guerra fría y conflictos de la región, siendo una excepción histórica: la democracia de los maestros, el país sin ejército, el oasis de clase media donde la violencia letal era una anomalía no tan cotidiana y reservada a las crónicas del cine negro o a las trágicas noticias de otras latitudes.

Hoy, el cuadro se desmorona en el asfalto. Las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirman un escenario inédito: años consecutivos rompiendo récords históricos de homicidios, sobrepasando las ochocientas y novecientas muertes anuales, impulsadas en más de un 75% por el uso de armas de fuego y las ejecuciones sumarias.

Ante el espanto colectivo, el discurso político tradicional reacciona con la receta más fácil: el incremento de penas, la militarización policial, creación de cárceles o la búsqueda de chivos expiatorios. Sin embargo, la criminología y la sociología crítica nos recuerdan una verdad incómoda: los muertos en la calle son siempre el resultado de decisiones tomadas años atrás en los escritorios del presupuesto nacional.

El sicariato no es un rayo en cielo sereno. Es el producto terminal de un diseño social que decidió recortar la educación, asfixiar la cultura y abandonar a sus jóvenes en un vacío existencial donde apretar un gatillo se ha convertido en una opción laboral.

El gobierno de la presidenta Laura Fernández presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2027 que propone recortar ₡371.516 millones al sector de educación.

La megaobra costó cerca de ₡16.774 millones. Con los ₡16.774 millones invertidos en la construcción de la megacárcel CACCO, se habrían podido solucionar de forma total o parcial en más de 160 centros educativos problemas de infraestructura en Costa Rica, dependiendo de la gravedad de sus daños.

La retirada sistemática del Estado de Bienestar.

Para comprender el panorama actual, hay que observar la curva del gasto social en los últimos cuatro gobiernos. Lo que los números muestran es el tránsito desde una etapa de contención hacia un proceso de "austeridad ” fiscal, casi suicida.

Durante el gobierno Laura Chinchilla (2010–2014) se elevó la meta constitucional del gasto educativo al 8% del PIB. La inversión real rondó entre el 6,0% y el 6,2%, manteniendo una tasa de homicidios contenida (entre 8 y 9 por cada 100.000 habitantes).

Con Luis Guillermo Solís (2014–2018) se alcanzó el pico histórico de inversión en educación, rozando el 7,2% del PIB en 2017. La criminalidad se mantuvo en niveles manejables a través de programas de equidad y permanencia escolar.

Pero con Carlos Alvarado (2018–2022) el panorama empezo a cambiar, la inversión social comenzó a disminuir; la aprobación de la Regla Fiscal (Ley 9635) y el impacto de la pandemia provocaron un desplome acelerado. La inversión educativa cayó al 5,8% del PIB, acompañada por recortes de más de ₡11.000 millones al Ministerio de Cultura y Juventud.

Ahora bien la estocada final inicia con Rodrigo Chaves (2022–2026) acá se llega alcanzar el punto más bajo en cuatro décadas: apenas un 4,7% del PIB invertido en educación, ya muy lejos del mandato constitucional del 8%. El desmantelamiento de becas, comedores escolares y fondos de gestión cultural coincidió y aclaramos no es la única razón, con el estallido histórico de violencia, registrando más de 900 homicidios en 2023 y sosteniendo promedios superiores a los 870 casos en los años posteriores.Ahora con el gobierno actual de Laura Fernandez y la misma línea del anterior del gobierno se sigue buscando recortar más a la educación pública, las artes y cultura.

Y acá está el punto de esta tesis hipotética, donde el Estado ha retirado o bajado presupuestos a una escuela, elimina la beca, la banda de música y la casa de la cultura, el crimen organizado ha encontrado terreno fértil para instalarse y buscar miembros jóvenes.

El problema no es la pobreza sino la desigualdad y falta de capital cultural.

Suele repetirse de manera perezosa y sistemática que «la pobreza genera criminales». La evidencia internacional demuestra lo contrario. Investigaciones del Banco Mundial (Fajnzylber, Lederman y Loayza) sobre crimen violento señalan que la pobreza monetaria por sí sola no explica el aumento en los homicidios. Hay regiones profundamente pobres en el mundo con tasas de violencia ínfimas.

Lo que verdaderamente dispara la delincuencia letal son dos factores: la desigualdad (la privación relativa) y la falta de acceso a la educación y la cultura.

Si la privación es relativa y un joven que vive en la marginalidad está expuesto a una sociedad hiperconsumista que le exige éxito y marcas de lujo, el abismo entre sus aspiraciones y sus medios legítimos genera una profunda alienación.

Los criminólogos Lance Lochner y Enrico Moretti demostraron que cada año adicional de escolaridad de calidad reduce dramáticamente la probabilidad de involucramiento en delitos graves. La educación y el arte no solo enseñan contenidos; enseñan resolución no violenta de conflictos, empatía y tolerancia a la frustración.

Al recortar en cultura y educación, no se ahorra dinero: se liquida la estructura ética de las comunidades periféricas o más vulnerables.

El chivo expiatorio de la narrativa migratoria.

Cuando la violencia se desborda, el poder político suele buscar un culpable externo. En Costa Rica se ha intentado instalar el mito de que el sicariato es un "mal importado" por los flujos migratorios. Los datos del OIJ y de Adaptación Social desmienten categóricamente esta narrativa, pues entre víctimas y ejecutores, alrededor del 85% de las personas ejecutadas en homicidios y más del 80% de los detenidos y procesados por sicariato son costarricenses. Cerca del 88% de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país son de nacionalidad costarricense.

Culpar a la inmigración es un distractor ideológico. Permite a los tomadores de decisión evadir su responsabilidad directa: la de haber dejado a miles de jóvenes costarricenses fuera del aula y del tejido social, entregándoles en bandeja de plata como mano de obra barata para el narcotráfico local.

Que hay en la mente de un sicario.

Una de las preguntas más desgarradoras de nuestro tiempo es: ¿Cómo llega un joven a considerar que matar es un trabajo legítimo? ¿Cómo se llega a cobrar sumas misérrimas —a veces menos de ₡50.000 (cerca de $100 USD) — por quitarle la vida a un semejante?

La neuropsicología y la psicología social (mediante autores como Albert Bandura) explican que el sicario juvenil no es, en la inmensa mayoría de los casos, un psicópata clínico de nacimiento, sino el resultado de una psicopatía aprendida e inducida por el entorno. Esto quiere decir que hay una desconexión moral, concepto de trabajo, una ilusión del estatus y una adicción a la adrenalina.

El cerebro del sicario opera mediante la neutralización de la culpa. Asesinar deja de ser un crimen y se reencuentra cognitivamente como "un trabajo", "un encargo" o "un mandado". La víctima es deshumanizada, convertida en "un objetivo". Si cae un inocente, se racionaliza bajo la figura del "daño colateral".

Aunque la paga en dinero suele ser baja y efímera. Lo que el joven realmente busca es respeto, pertenencia y poder. En un barrio donde se siente enajenado, sostener un arma de fuego le otorga un "Efecto Dios": la capacidad inmediata de infundir miedo y ser alguien. La banda criminal le provee la "familia" y la identidad que la sociedad le negó.

Sume esto al haber crecido en entornos hiperviolentos y desensibilizados, donde la vida humana vale muy poco, el acto de la ejecución se convierte en una descarga masiva de dopamina y adrenalina. Es la única forma de sentirse vivo dentro de una existencia privada de futuro.

El sicariato es la manifestación extrema de una sociedad que decidió que la cultura era un lujo prescindible, elitista, y la educación pública un gasto presupuestario, que solo brinda números negativos. Ningún niño nace deseando convertirse en un engranaje sustituible de una organización criminal. Se llega ahí cuando se apagan las luces de las bibliotecas, se cierran las escuelas de música y se desmantela la contención comunitaria.

La crisis de seguridad y moral que vive Costa Rica es, en el fondo, una crisis de multicausalidad —geopolítica, narcotráfico y tráfico de armas—, pero cuyo combustible principal es la deserción y el desamparo de la juventud.

Frente a la pedagogía de la crueldad, la respuesta no puede ser únicamente más cárceles y más balas. El único antídoto duradero frente al sicariato, la violencia y la criminalidad es la reconstrucción del tejido social: devolverle a la juventud el derecho a la educación, la belleza, el arte y un proyecto de vida digno. Cada espacio cultural que se abre es un territorio que se le arranca a la muerte.

REFERENCIAS Y FUENTES CONSULTADAS

1. Estadísticas Oficiales y Reportes Judiciales

• Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica. (2010–2026). Memorias anuales, datos abiertos de homicidios dolosos e informes del Observatorio de la Violencia. San José, Costa Rica: Poder Judicial.

• Ministerio de Justicia y Paz & Dirección General de Adaptación Social. (2024–2026). Informes estadísticos sobre población privada de libertad y perfil sociodemográfico penitenciario. San José, Costa Rica.

2. Presupuesto Público y Gasto Social

• Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2010–2026). Presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República: Liquidación presupuestaria en Educación (MEP) y Cultura (MCJ). San José, Costa Rica.

• Programa Estado de la Nación (PEN). (2020–2025). Informes del Estado de la Educación e Informes del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica: CONARE.

3. Investigaciones Criminológicas y Sociológicas (Pobreza vs. Desigualdad)

• Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209.

• Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). Inequality and Violent Crime. Journal of Law and Economics, 45(1), 1–39. [Estudio del Banco Mundial sobre el impacto de la desigualdad frente a la pobreza en tasas de homicidio].

• Lochner, L., & Moretti, E. (2004). The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates and Arrests. The American Economic Review, 94(1), 155–189.

• Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672–682.

• Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Territorio, soberanía y crímenes de Estado. Buenos Aires: Tinta Limón. [Análisis sobre la pedagogía de la crueldad y la desensibilización social].